Una “veta” con flujos interactivos –de lo mediático a lo jurídico y de lo jurídico a lo mediático- se abrió en nuestro país después de la sentencia que rezaba así: “La Justicia es un cachondeo”.
Dicha sentencia, amén de sus referencias constitucionalistas en torno a la libertad de expresión vino a suponer una manifestación en la doble vertiente de otro planteamiento teórico: El derecho a informar y a ser informado.
El aforismo estaba caracterizado principalmente por un elemento objetivo, fundamental de la noticia: su populismo, cuyo eco todavía no sólo resuena sino que se multiplica por momentos, de forma que su autor –el alcalde de Jerez de la Frontera, D. Pedro Pacheco- se ha visto superado por ella; y otro elemento subjetivo cuya graduación vamos a dejar en manos de lo personal: su veracidad.
Por tanto, la magnitud de la expresión no radicaba –o radica- en el enaltecimiento de la misma como exponente materializado de la libertad de pensamiento, sino también en su propagación por sí sola.
Tan acertada fue, que aquí queda todavía hoy, con plena vigencia, objeto de estudio y resultando imprescindible su conocimiento e inserción en el acervo cultural de cada cual para moverse o circular sin problema por un país como el nuestro.
Sin embargo no podemos olvidar que también supone, en otro orden de cosas, un sacrificio encomiable del sistema jurídico español en pro de la verificación de uno, o como vemos, varios derechos.
Tan preciada configuración del derecho a informar y a ser informado, es protegida en su planteamiento teórico por toda una serie de derechos que la delimitan nítidamente, sustentados por otros tantos bienes jurídicos protegidos, constantemente atacados y bombardeados en la sociedad de la información; éstos básicamente son: el derecho al honor, el derecho a la imagen y el derecho a la intimidad.
Su nobleza es de tal naturaleza o calado que incluso la verosimilitud de un documento (descriptivo o gráfico) puede devenir antijurídico; y toca a los restantes poderes públicos -los de toda la vida-, establecer, regular y decir qué casos quedan a uno u otro lado de la delgada línea; y lo que no es menos difícil: valorar en qué medida.
Por otro lado, se entiende que en la antesala de la información, está el poder -“Quien tiene el poder, tiene la información”-, pero ¿y al contrario? ¿Puede el negocio de la información hacer tumbar a los poderes instituidos o entrar en pugna con ellos?
En este contexto no se puede pasar por alto a William Randolph Hearst, magnate de la prensa de finales de S. XIX, inspirador de la película “ciudadano kane” de Orson Welles. Se dice, que en la antesala de la guerra de Cuba, declarada por EE.UU. a España y cuyo origen se achaca a un sabotaje (En el crucero Maine); se le oyó decir a sus corresponsales en la Isla algo así: Ustedes hagan las fotos, que yo pondré la guerra.
¿Puede ser el inicio de un movimiento en el que hoy estaríamos inmersos? Está claro que la demanda determina la oferta y empieza a alimentarse la idea de que la oferta cree las necesidades. La manipulación de la información se vería superada por la sugestión en la comunicación y la población más joven, con sus valores en formación, como primera destinataria de los mensajes.
En este sentido no deja de llamar la atención que no se escuche un informativo en que no se hable de la tensión bélica en el mundo árabe. ¿Es una tensión provocada? ¿Quién se beneficia de ello? ¿Es Occidente el garante de los derechos de los libios, egipcios, tunecinos, irakíes…? –y no sólo garante- ¿Dónde queda fijado el principio internacional de “no injerencia”? ¿Se trata de mostrar la supremacía en el mundo del petróleo? ¿Puede ser una maniobra de la industria armamentística? ¿Hay un propósito en la información que de manera global pretende proclamar la preponderancia de unas culturas sobre otras?
En este mundo en el que nos movemos los abogados, no cabe sino erigirse en el rol de periodista y dar razón al origen etimológico del término, autoproclamándonos auténticos “voceros”, de manera que las palabras de un abogado mediático como Javier Nart Peñalver, Emilio Rodríguez Menéndez o Marcos García Montes, tengan la medida del peso de su validez, no tanto en la ética profesional como en el grado de difusión de las mismas y fama de sus emisores.
Dado en Sede Virtual el 1º de Mayo de 2.011
